Carta al Fiscal General de Honduras por el Caso de Berta Cáceres
23 de agosto de 2018
Estimado Señor Óscar Chinchilla
Fiscal General de la República
Ministerio Público de Honduras
Lomas del Guijarro Tegucigalpa, Honduras
Email: mprelacionespublicas@gmail.com
Estimado Señor Fiscal, Somos organizaciones defensoras de los derechos humanos de diferentes países comprometidas con el seguimiento y observación internacional en el caso del asesinato de Berta Cáceres, lideresa Lenca del COPINH, defensora de los derechos de los pueblos Indígenas, feminista, lideresa social y activista medioambiental.
Le escribimos esta comunicación para expresar nuestra preocupación acerca de ciertas irregularidades que hemos venido advirtiendo públicamente en el proceso de enjuiciamiento de los primeros ocho encausados por el asesinato de la Sra. Cáceres.
En Mayo de 2016, según información pública, se llevaron a cabo unos registros domiciliarios en dependencias de la empresa DESA y de los acusados.
Esta recolección de material probatorio se llevó a cabo sin notificación alguna a la acusación privada y sin ningún tipo de acta que registrara fielmente una relación de la prueba concreta obtenida. Ante esta situación, la acusación privada ha reclamado constantemente esta información como pilar fundamental para la sustentación de sus argumentos en el juicio, sin obtener el resultado deseado.
Desde la primera reclamación de información en Abril de 2017 hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha denegado en por lo menos 35 ocasiones el acceso para obtener estos datos y, según la información de la que disponemos, ha incumplido cuatro órdenes judiciales en las que el Juzgado de Letras, en dos ocasiones, y el Tribunal de Sentencia, en otras dos ocasiones, le ordenan poner a disposición de la acusación privada la información que se solicita debido a que fue recabada durante diligencias investigativas que han sido incorporadas al expediente judicial. La última de estas reclamaciones fue el 27 de Julio de 2018 cuando el tribunal encargado del enjuiciamiento instó a las fiscales del caso a que aportasen la información relativa a la prueba
esultante de inspecciones y registros en las dependencias de la empresa DESA
y de varios de los encausados. Posteriormente al vencimiento del plazo prescrito de 5 días, la única respuesta obtenida por la acusación privada son un par de copias de documentos y un escrito en el que se informa que la información requerida no es entregada por la falta de análisis de los aparatos que las contienen.
La reserva de información fundamental del proceso judicial en desacato a las órdenes judiciales impide la plena participación de la acusación privada en su búsqueda de justicia y el goce de sus derechos. No hace otra cosa sino quebrantar el principio general del derecho a la no discriminación, la justicia y la garantía y protección judicial de la acusación privada consagrado en artículos 1, 4, 8.1 y 25 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 6, 14.1 y 26), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. I, II, y XVIII) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2, 3, 7, 8 y 10). Esta situación genera una desigualdad para las y los familiares de Berta Cáceres que buscan justicia, y prepara el escenario para la impunidad, ya que las irregularidades que se han presentado pueden ser motivo de desestimación del proceso judicial debido al incumplimiento a la justicia por errores procesales.
Desde nuestro compromiso con la Justicia y sus principios fundamentales, y en
consecuencia con lo expuesto anteriormente, solicitamos cortésmente a su persona, en virtud del cargo que ostenta, a que tome las medidas generales correctivas para que los funcionarios correspondientes del Ministerio Público cumplen su obligación de facilitar la información requerida por la parte acusatoria en este caso, más concretamente la obtenida en los registros de las oficinas de DESA y de los domicilios de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Emerson Duarte Meza, Edilson
Duarte Meza y Elvin Heriberto Rapalo Orellana, debido a la relevancia que esta supone para el caso.
Sin más que decir, le presentamos nuestros más cordiales saludos y esperamos que actúe teniendo en cuenta la irregularidad de la situación que le hemos descrito.
Firmado,
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) es integrada por 60 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo quienes promueven y protegen los derechos humanos mediante el Estado de Derecho, utilizando sus experiencias jurídicas particulares para desarrollar y fortalecer los sistemas de justicia nacionales e internacionales.
El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés) ha sido creado por iniciativa del Conseil National des Barreaux (Francia), Barreau de Paris (Francia), Consejo General de la Abogacía Española (España) y Consiglio Nazionale Forense (Italia) y 24 Colegios de Abogados de Francia, Italia, España, Suiza y Turquía.
La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos, que agrupa a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países. Desde 1922, la FIDH está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, según se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Creada en 1985, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) constituye actualmente la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. Con 300 organizaciones distribuidas en todo el mundo, asociadas a la Red SOS-Tortura, y con miles de corresponsales en todos los países, la OMCT es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en el campo de la protección y la promoción de
los derechos humanos en el mundo.
DPLF es una organización con sede en Washington, D.C., dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina a través una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia.
El Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild, o “NLG” por sus siglas en inglés) es la asociación legal más antigua y amplia dedicada a la defensa de los derechos humanos y de interés público dentro de los Estados Unidos, con capítulos en cada estado. Desde su fundación, el NLG ha mantenido una perspectiva internacionalista promoviendo la adaptación y el cumplimento del derecho internacional en todas las naciones.El Promise Institute for Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de
California en Los Ángeles reúne a profesores con experiencia en derechos humanos internacionales, inmigración, seguridad nacional e internacional, derechos civiles, redacción de la constitución, leyes de conflicto armado, justicia penal transnacional e internacional, medio ambiente ley y ley de interés público.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) es una organización hondureña de defensa de los derechos humanos, la promoción y la investigación que genera cambios hacia la construcción de un Estado democrático y justo, respetando los derechos humanos y la libertad, de manera consecuente a las necesidades y la inclusión de la población.
El ERIC, (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación), nació el 30 de mayo de 1980, como obra social de la Compañía de Jesús en Honduras, aportando a la sociedad hondureña la investigación, la reflexión, análisis, debate y comunicación sobre la realidad social y política, estructural y coyuntural en la que se desenvuelve el país.
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) es una organización autónoma y democrática que promueve la acción colectiva transformadora de mujeres, hombres, jóvenes y comunidades, para el ejercicio y defensa de sus derechos integrales, el acceso a la justicia, la resignificación de la memoria histórica y la erradicación de todas las formas de opresión en Guatemala
La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU (GHRC-USA) es una organización dedicada a la promoción de los derechos humanos en Guatemala y Centroamérica y al apoyo a comunidades y activistas que se enfrentan a amenazas y violencia. GHRC-USA documenta y denuncia abusos, concientiza a la comunidad internacional y promociona políticas que fomentan la paz y justicia.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, es un colectivo organizado en Ecuador con la finalidad de promover una justicia social sobre la base del respeto y el goce de los derechos humanos y el empoderamiento de los sectores desprotegidos.
La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR – es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia cuya misión es defender y promover los Derechos Humanos desde una perspectiva integral, partiendo de su indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos y libertades, para contribuir a la superación de la impunidad, la consolidación de un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, con una sociedad justa y
equitativa, en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural, y alcanzar una paz estable y duradera.
Estimado Señor Óscar Chinchilla
Fiscal General de la República
Ministerio Público de Honduras
Lomas del Guijarro Tegucigalpa, Honduras
Email: mprelacionespublicas@gmail.com
Estimado Señor Fiscal, Somos organizaciones defensoras de los derechos humanos de diferentes países comprometidas con el seguimiento y observación internacional en el caso del asesinato de Berta Cáceres, lideresa Lenca del COPINH, defensora de los derechos de los pueblos Indígenas, feminista, lideresa social y activista medioambiental.
Le escribimos esta comunicación para expresar nuestra preocupación acerca de ciertas irregularidades que hemos venido advirtiendo públicamente en el proceso de enjuiciamiento de los primeros ocho encausados por el asesinato de la Sra. Cáceres.
En Mayo de 2016, según información pública, se llevaron a cabo unos registros domiciliarios en dependencias de la empresa DESA y de los acusados.
Esta recolección de material probatorio se llevó a cabo sin notificación alguna a la acusación privada y sin ningún tipo de acta que registrara fielmente una relación de la prueba concreta obtenida. Ante esta situación, la acusación privada ha reclamado constantemente esta información como pilar fundamental para la sustentación de sus argumentos en el juicio, sin obtener el resultado deseado.
Desde la primera reclamación de información en Abril de 2017 hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha denegado en por lo menos 35 ocasiones el acceso para obtener estos datos y, según la información de la que disponemos, ha incumplido cuatro órdenes judiciales en las que el Juzgado de Letras, en dos ocasiones, y el Tribunal de Sentencia, en otras dos ocasiones, le ordenan poner a disposición de la acusación privada la información que se solicita debido a que fue recabada durante diligencias investigativas que han sido incorporadas al expediente judicial. La última de estas reclamaciones fue el 27 de Julio de 2018 cuando el tribunal encargado del enjuiciamiento instó a las fiscales del caso a que aportasen la información relativa a la prueba
esultante de inspecciones y registros en las dependencias de la empresa DESA
y de varios de los encausados. Posteriormente al vencimiento del plazo prescrito de 5 días, la única respuesta obtenida por la acusación privada son un par de copias de documentos y un escrito en el que se informa que la información requerida no es entregada por la falta de análisis de los aparatos que las contienen.
La reserva de información fundamental del proceso judicial en desacato a las órdenes judiciales impide la plena participación de la acusación privada en su búsqueda de justicia y el goce de sus derechos. No hace otra cosa sino quebrantar el principio general del derecho a la no discriminación, la justicia y la garantía y protección judicial de la acusación privada consagrado en artículos 1, 4, 8.1 y 25 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 6, 14.1 y 26), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. I, II, y XVIII) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2, 3, 7, 8 y 10). Esta situación genera una desigualdad para las y los familiares de Berta Cáceres que buscan justicia, y prepara el escenario para la impunidad, ya que las irregularidades que se han presentado pueden ser motivo de desestimación del proceso judicial debido al incumplimiento a la justicia por errores procesales.
Desde nuestro compromiso con la Justicia y sus principios fundamentales, y en
consecuencia con lo expuesto anteriormente, solicitamos cortésmente a su persona, en virtud del cargo que ostenta, a que tome las medidas generales correctivas para que los funcionarios correspondientes del Ministerio Público cumplen su obligación de facilitar la información requerida por la parte acusatoria en este caso, más concretamente la obtenida en los registros de las oficinas de DESA y de los domicilios de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Emerson Duarte Meza, Edilson
Duarte Meza y Elvin Heriberto Rapalo Orellana, debido a la relevancia que esta supone para el caso.
Sin más que decir, le presentamos nuestros más cordiales saludos y esperamos que actúe teniendo en cuenta la irregularidad de la situación que le hemos descrito.
Firmado,
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) es integrada por 60 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo quienes promueven y protegen los derechos humanos mediante el Estado de Derecho, utilizando sus experiencias jurídicas particulares para desarrollar y fortalecer los sistemas de justicia nacionales e internacionales.
El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés) ha sido creado por iniciativa del Conseil National des Barreaux (Francia), Barreau de Paris (Francia), Consejo General de la Abogacía Española (España) y Consiglio Nazionale Forense (Italia) y 24 Colegios de Abogados de Francia, Italia, España, Suiza y Turquía.
La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos, que agrupa a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países. Desde 1922, la FIDH está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, según se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Creada en 1985, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) constituye actualmente la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. Con 300 organizaciones distribuidas en todo el mundo, asociadas a la Red SOS-Tortura, y con miles de corresponsales en todos los países, la OMCT es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en el campo de la protección y la promoción de
los derechos humanos en el mundo.
DPLF es una organización con sede en Washington, D.C., dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina a través una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia.
El Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild, o “NLG” por sus siglas en inglés) es la asociación legal más antigua y amplia dedicada a la defensa de los derechos humanos y de interés público dentro de los Estados Unidos, con capítulos en cada estado. Desde su fundación, el NLG ha mantenido una perspectiva internacionalista promoviendo la adaptación y el cumplimento del derecho internacional en todas las naciones.El Promise Institute for Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de
California en Los Ángeles reúne a profesores con experiencia en derechos humanos internacionales, inmigración, seguridad nacional e internacional, derechos civiles, redacción de la constitución, leyes de conflicto armado, justicia penal transnacional e internacional, medio ambiente ley y ley de interés público.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) es una organización hondureña de defensa de los derechos humanos, la promoción y la investigación que genera cambios hacia la construcción de un Estado democrático y justo, respetando los derechos humanos y la libertad, de manera consecuente a las necesidades y la inclusión de la población.
El ERIC, (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación), nació el 30 de mayo de 1980, como obra social de la Compañía de Jesús en Honduras, aportando a la sociedad hondureña la investigación, la reflexión, análisis, debate y comunicación sobre la realidad social y política, estructural y coyuntural en la que se desenvuelve el país.
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) es una organización autónoma y democrática que promueve la acción colectiva transformadora de mujeres, hombres, jóvenes y comunidades, para el ejercicio y defensa de sus derechos integrales, el acceso a la justicia, la resignificación de la memoria histórica y la erradicación de todas las formas de opresión en Guatemala
La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU (GHRC-USA) es una organización dedicada a la promoción de los derechos humanos en Guatemala y Centroamérica y al apoyo a comunidades y activistas que se enfrentan a amenazas y violencia. GHRC-USA documenta y denuncia abusos, concientiza a la comunidad internacional y promociona políticas que fomentan la paz y justicia.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, es un colectivo organizado en Ecuador con la finalidad de promover una justicia social sobre la base del respeto y el goce de los derechos humanos y el empoderamiento de los sectores desprotegidos.
La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR – es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia cuya misión es defender y promover los Derechos Humanos desde una perspectiva integral, partiendo de su indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos y libertades, para contribuir a la superación de la impunidad, la consolidación de un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, con una sociedad justa y
equitativa, en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural, y alcanzar una paz estable y duradera.
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