Juicio de Berta Cáceres: continúan las ratificaciones de documentos e interrogatorios.
El
miércoles 31 de octubre, la audiencia comenzó con la ratificación
de un dictamen de análisis forense de una grabación de vídeo.
El vídeo
en cuestión proviene de una cámara de vigilancia de una casa en el
residencial El
Livano,
en la ciudad de La Esperanza, residencial donde vivía Berta Cáceres
y donde fue asesinada. El vídeo
no muestra la casa de la víctima, pero se puede ver la calle
principal que lleva al vecindario.
La
agente de investigación del Ministerio Público analizó la
secuencia entre las 21:00 pm del 2 de marzo de 2016 y las 4:00 am del
3 de marzo de 2016. A solicitud del tribunal, la agente proyectó en
la sala las secuencias consideradas más relevantes del viseo,
que muestran los vehículos pasaban por la calle. El vídeo
no resultó particularmente concluyente, puesto que no permite
distinguir los colores o las marcas de los vehículos.
Sin
embargo, alrededor de las 23:38, se puede percibir, gracias a la luz
de un automóvil fuera de plano, a tres personas corriendo en la
calle. Luego se ve por el movimiento de las luces que el automóvil
gira y se dirige al centro de la ciudad. Alrededor de las 2 am, se ve
que varios vehículos comienzan a ingresar al vecindario, incluyendo
patrullas de la policía.
Por
la tarde, prestaron declaración cuatro testigos que hacen parte de
la prueba propuesta por los equipos de acusación privada. Dado que
las acusaciones privadas
han sido excluidos
del proceso, el Ministerio Público es responsable de presentar los
diferentes elementos de sus pruebas que fueron admitidas en el
juicio. Sin embargo, durante el testimonio, se observó que el
Ministerio Publico no parecía haber trabajado con las acusaciones
privadas ni con las víctimas en la preparación de los
interrogatorios.
El
fiscal que conducía los interrogatorios no parecía conocer el
propósito de los testimonios. La representación de los intereses de
las víctimas parecía completamente ignorada durante la conducción
del interrogatorio. De hecho, los fiscales del Ministerio Público
aún no se han puesto en contacto con las acusaciones privadas o las
víctimas
para asegurarse de que utilizan las pruebas propuestas adecuadamente.
Los
dos primeros testigos vivían en el área del proyecto Agua Zarca.
Uno de ellos, según el informe GAIPE[1], fue objeto de denuncias por
COPINH por tareas que supuestamente realizó para DESA, incluidos
varios actos criminales: asesinatos y el incendio de una casa
perteneciente a residentes que se opusieron al proyecto Agua
Zarca[2].
De
acuerdo con los documentos presentados en las audiencias de
proposición de pruebas, los abogados de las víctimas esperaban
probar a través de estos testimonios la existencia de actividades
por parte de empleados y directivos de la empresa DESA orientadas
a establecer operativos de vigilancia, seguimiento y ataques contra
personas del COPINH y
Berta Cáceres, hechos que forman parte del contexto que rodea el
asesinato.
La
falta de pautas para los interrogatorios del Ministerio Público
permitió que los dos testigos compartieran su visión de los hechos
y sobre la organización COPINH, expresándose en varias ocasiones en
forma difamatoria contra la organización. Según su testimonio, en
su comunidad todas las personas habrían estado a favor del proyecto
hidroeléctrico y solo se sentía la oposición al mismo cuando el
COPINH se hacía presente. Afirmaron que Sergio Rodríguez
Orellana[3] era amable con todos y siempre era bien recibido por la
comunidad cuando venía a negociar con ellos. Además, dijeron que
COPINH llegaba a sus comunidades para usurpar sus tierras, que eran
violentos y que sus integrantes habían sido responsables de los
robos, destrucción e incendio de las instalaciones.
El
tercer
testigo de la fiscalía fue un miembro de COPINH, que había
colaborado como informante con uno de los acusados, Sergio Rodríguez
Orellana. El testigo declaró que el acusado le había pedido que le
informara cuándo Berta y COPINH llegaban al área del proyecto y
cuando tenían reuniones porque temía por su seguridad. El testigo
habría aceptado ser su infórmate a cambio de la promesa de un
empleo como guardia de seguridad cuando el proyecto estuviera en
marcha, trabajo que no obtuvo, según él, porque el COPINH no los
dejó trabajar.
El
cuarto testigo de la fiscalía era un ex oficial de policía que, al
momento del asesinato, trabajaba en el área del proyecto y que a
menudo era asignado cuando había protestas contra el proyecto Agua
Zarca. La fiscalía no logró recabar informaciones particularmente
significativas en este testimonio sobre la realidad de las protestas
de COPINH, aunque de acuerdo a lo testificado ningún acto de
violencia sería atribuible al COPINH.
Después
de los cuatro testigos propuestos por la acusación privada, cuatro
personas vinieron a ratificar documentos relacionados con
allanamientos en casas de los acusados y una en las oficinas de la
empresa DESA.
Audiencia
del 1ero de noviembre.
El
1 de noviembre, la audiencia comenzó con la ratificación de
documentos relacionados con allanamientos llevados a cabo en casas
propiedad de los acusados. Posteriormente, con el fin de acomodar a
un testigo de la defensa, el tribunal permitió que el tío del
acusado Douglas Geovanny Bustillo[4] declarara en esta jornada.
Durante un allanamiento en la residencia del testigo, propiedad de
otro sobrino del testigo, fue decomisada una gran suma de dinero. El
Ministerio Publico afirmó que este dinero pertenece a Douglas
Geovanny Bustillo, pero el testigo lo negó, afirmando que gran parte
del dinero incautado proviene de la iglesia de la que él es el
tesorero. El testigo también expuso todas las gestiones que ha
hecho para recuperar el dinero, pero sin tener éxito.
Posteriormente,
uno de los principales investigadores del caso, Jesús Perdomo
Chávez, fue a ratificar un informe de investigación de 2016, que
entre otras cosas permitió la presentación de los requerimientos
fiscales. Las preguntas
de los abogados del Ministerio Publico y de los abogados de la
defensa permitieron recabar información adicional sobre las
relaciones entre los acusados y las técnicas de investigación
utilizadas. Explicó cómo el perito Brenda Barahona, quien
testificará más adelante en el juicio, ha logrado identificar cinco
números de teléfono en la escena del crimen.
Dos
números estaban a nombre del acusado Henrry Javier Hernández, un
número estaba a nombre del acusado Edilson Duarte Meza, y luego de
una investigación pudieron determinar que los otros dos números
estaban siendo utilizados por Elvin Rápalo Orellana y Oscar Torres
Velásquez. Los investigadores pudieron identificar a los verdaderos
usuarios de estos números a través del posicionamiento de antenas
telefónicas, vigilancia, entrevistas con testigos, redes sociales y
otros métodos.
El
perito Brenda Barahona también pudo identificar patrones atípicos
de llamadas telefónicas entre Sergio Rodríguez Orellana y Douglas
Geovanny Bustillo, lo que aumentó las sospechas contra estos
acusados durante
la investigación. Además, los investigadores solicitaron la
intervención y la escucha de todas estas líneas telefónicas, lo
que permitió conocer más sobre los acusados.
El
investigador también mencionó que había recibido información de
un cooperante español de COPINH que Berta Cáceres había sido
amenazada el 20 de febrero de 2016 por Sergio Rodríguez Orellana, un
hecho confirmado por varios miembros de COPINH.
El
Ministerio Publico aún tiene varias pruebas que presentar, lo que
sugiere que el juicio se extenderá más allá de esta semana.
Abogados Sin Fronteras
---------------------------------------------------------------------------------------
[1] El informe del Grupo
Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) es un informe de
expertos internacionales publicado en noviembre de 2017 que analiza
de forma independiente la investigación, el proceso y el expediente
del asesinato de Berta Cáceres. Ver: https://www.gaipe.net/
[2] GAIPE,
Represa de Violencia El Plan que Asesina tiene Bertha Caceres,
noviembre de 2017, p.19.
[3] Gerente social,
ambiental y de comunicaciones de la empresa DESA.
[4] Ex soldado de las
Fuerzas Armadas de Honduras y jefe de seguridad de la empresa DESA
hasta junio de 2015.
Comentarios
Publicar un comentario